Manifiesto ¡NO al TTIP! Las personas, el medio
ambiente y la democracia antes que los beneficios
y los derechos de las corporaciones
¿Quiénes convocan?
Somos una campaña formada por
movimientos sociales, organizaciones, colectivos, plataformas y asambleas ciudadanas que comparten una profunda preocupación por
las diversas amenazas que plantean el Tratado Transatlántica de Comercio e
Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP, por sus
siglas en inglés, también conocido como Tratado de Libre Comercio
Transatlántico o TAFTA) y el Tratado Unión Europea con Canada (Comprehensive Economic and
Trade Agreement - CETA). Representamos intereses públicos muy diversos,
incluyendo la protección del medio ambiente, la salud pública, la agricultura,
los derechos de lo/as consumidore/as y la protección de las normas alimentarias
y agrícolas, las normas sociales y laborales, los derechos de las personas
trabajadoras, los derechos de las mujeres y la lucha contra la dominación
patriarcal, el acceso público a la información y los derechos digitales y la
defensa de los servicios públicos esenciales como la educación y el control
público y social de los sistemas financieros, el bienestar animal, entre otros.
Tenemos el firme
compromiso de rechazar las actuales negociaciones sobre el TTIP, para
garantizar un debate político transparente y democrático. Todos los acuerdos
deben servir al interés público y a nuestro futuro común.
¿Qué es el TTIP?
El TTIP es un acuerdo de gran
alcance que se está negociando actualmente entre la Comisión Europea (en nombre
de los Estados miembros de la Unión Europea -UE) y el gobierno de los Estados
Unidos de América (EUA). No se trata de las barreras al comercio como los
aranceles, que ya son en general muy bajos entre la UE y EUA. Se centra sobre
todo en los reglamentos, normas, derechos corporativos y garantías de
inversión. El TTIP tiene como objetivo, supuestamente, facilitar la inversión
directa y la eliminación de obstáculos burocráticos innecesarios para el acceso
al mercado para las empresas de ambos lados del Atlántico.
Los indicios de los que se
dispone -provenientes de las empresas y la industria que está participando de
alguna manera en las negociaciones- revelan que el enfoque sobre las barreras
no arancelarias y la convergencia de la reglamentación entre ambas partes se
está utilizando para impulsar la desregulación, una visión de los derechos de
propiedad intelectual que sólo fomentan monopolios, y una carrera para igualar
derechos y estándares a la baja. Los supuestos beneficios económicos no tienen
fundamento y, en cualquier caso, son marginales para la sociedad en general,
incluso en el caso de que fuera cierto lo que cuentan los defensores del
acuerdo al respecto. Más bien todo indica que los objetivos del acuerdo
amenazan importantes derechos adquiridos en las largas luchas democráticas y
los intereses sociales de la ciudadanía de la UE, de los EUA y del resto del
mundo.
Las negociaciones se están
haciendo a puerta cerrada, sin una consulta pública efectiva. Los parlamentos
nacionales no son informados sobre los detalles de los textos de negociación de
la Comisión. Los fragmentos de información que han sido publicados -o
filtrados- generan considerable inquietud.
• La falta de transparencia
y de procedimientos democráticos, lo que hace imposible a la
ciudadanía y a la sociedad civil seguir las negociaciones para garantizar que
los intereses públicos están siendo protegidos. Actualmente estas negociaciones
están muy sesgadas: grupos de presión empresariales tienen acceso privilegiado
a la información y oportunidades para influir en las negociaciones.
• El capítulo propuesto
sobre protección de inversiones y en particular la inclusión de una disposición
sobre el mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor
(ISDS). El ISDS brinda a los inversores derechos exclusivos para demandar a
los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática -realizada por
instituciones representativas y para el interés general- se considera que puede
tener impactos negativos en sus ganancias presentes o futuras. Estos mecanismos
se basan en juicios fuera de los tribunales nacionales. Con ello se socavan los
sistemas legales de las naciones, así como la soberanía democrática de la
sociedad para la formulación de leyes y políticas de interés público.
• La creación de nuevas
estructuras antidemocráticas de gobierno, y de procedimientos que tienen como
objetivo “armonizar las regulaciones” como el Consejo de Cooperación
Regulatoria. Estas estructuras permitirían que las decisiones tomadas en el marco
del TTIP sean constantemente presionadas en secreto por burócratas no electos y
grandes lobbies empresariales. Estas estructuras no democráticas amenazan con
rebajar importantes normas y reglas diseñadas para la protección de los
intereses públicos, o prohibir futuras mejoras, independientemente de su
necesidad y del mandato público. También nos preocupa el objetivo de fortalecer
la protección de los “derechos de propiedad intelectual”, que tal como está
planteado, ataca algunos de nuestros derechos básicos como la salud, la
educación, la cultura y la libertad expresión.
4 . Demandas y objetivos
compartidos:
Sobre la base de los
valores de la solidaridad internacional, la justicia social, la sostenibilidad
ambiental y el respeto de todos los derechos humanos, trabajamos con nuestros
aliados en los Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, exigiendo:
a) Transparencia
inmediata: se harán públicos los textos de negociación de la Comisión, así como
todos los documentos de negociación para permitir un debate público abierto y
crítico sobre la TTIP y el CETA.
b) NO al ISDS: nos oponemos a estos mecanismos de solución de diferencias entre el estado y el inversor y mantenemos con firmeza la
soberanía de nuestras sociedades y de nuestros pueblos para la toma de
decisiones en la defensa y mejora del interés público y del bien común por
encima de los intereses privados.
c) NO al Consejo de
Cooperación Regulatoria: toda la regulación de las
operaciones comerciales, las condiciones del comercio y el establecimiento de
estándares de producción del producto deben estar en manos de los órganos y
procesos controlados democráticamente.
d) NO a la desregulación
y a la rebaja de los estándares de protección y al servicio del interés
público: el nivel de las normas sociales y laborales, de los consumidores y de
la salud pública, la protección del medio ambiente, incluyendo la regeneración
de nuestros recursos naturales, el bienestar animal, las normas sanitarias de
los alimentos y las prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles, el acceso a
la información y al etiquetado, la cultura y la medicina, la regulación del
mercado financiero, así como la protección de datos y otros derechos digitales
que se deben mejorar, y no «armonizar» hasta el más bajo común denominador. El
reconocimiento mutuo de estándares no es aceptable en la medida en que socava
los niveles de protección acordados democráticamente. Hay que garantizar que se
aplica el principio de precaución.
e) No existe peor
desregulación que la privatización de los servicios públicos. Defendemos el acceso
universal a una educación de calidad, a la atención a la salud y otros
servicios públicos como instrumentos para sostener la reproducción social de la
vida y como una contratación pública que promueve el empleo local y las
economías locales, la discriminación positiva, el emprendimiento social, la
economía sostenible, el cuidado de las personas y al servicio del interés
público.
En este sentido hay que tener
presente que los efectos de la privatización de los servicios públicos en
diferentes ámbitos tienen un especial impacto en las condiciones de vida y de
trabajo de las mujeres.
f) La promoción de
prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente y la protección de la
pequeña agricultura familiar.
g) Las instituciones
públicas deben mantener el poder político y las estructuras necesarias para
proteger ciertos sectores sensibles y salvaguardar las normas importantes para
nuestra calidad de vida. Las normas laborales y
ambientales internacionalmente acordadas deben ser respetadas. La violación
continua de las normas del trabajo debe ser objeto de sanciones.
Finalmente defendemos la
construcción de unas relaciones y políticas comerciales entre nuestros pueblos
que pongan en primer lugar las personas y el planeta, garantizando:
• los derechos humanos
universales e inalienables de todas las personas, incluidos los derechos a una
alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y reproductivos,
integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación, protección social,
movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio;
• un trabajo decente, que
permita a la gente vivir una vida digna, incluyendo una renta adecuada y los
derechos laborales;
• el reconocimiento del
trabajo reproductivo y del cuidado y de los trabajos informales de servicio a
las personas y a la comunidad. Garantizar una redistribución equitativa y una
reorganización socioeconómica, de forma que no recaigan en exclusiva en las
mujeres las tareas del bienestar cotidiano, así como la igualdad de salarios
para hombres y mujeres;
• una transición a una
economía de bajas emisiones de carbono, que no se base en un consumo excesivo,
sino en el uso social y ecológicamente responsable de los recursos, y que
permita una vida digna sin poner en peligro el apoyo de otras personas,
generaciones futuras, así como de la agricultura, de la flora y la fauna;
• lograr una democratización
significativa en todos los niveles de toma de decisiones;
• la lucha contra la pobreza
y el establecimiento de nuevas relaciones de solidaridad y equidad entre
hombres y mujeres y con las personas de otras regiones y el respeto de los
derechos de las personas refugiadas e inmigrantes;
• el aumento global del nivel
de bienestar económico, social y ambiental.MOVILÍZATE POR LA SOBERANIA ALIMENTARIA Y BIOLÓGICA!Pincha aquí para saber dónde es la manifestación en tu ciudad: http://noalttip.blogspot.com.es/p/11-de-oct-dia-de-accion-contra-el-ttip.html
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